La Xunta acuerda con los concesionarios gallegos
adelantar al 24 de julio el plazo de solicitud de las ayudas para la
compra de vehículos
El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, mantuvo hoy en Santiago de Compostela una reunión con los representantes de los concesionarios gallegos y de los puntos puntos de venta de vehículos para abordar el nuevo programa de apoyos que fue consensuado con el sector.
Los particulares, autónomos y empresas recibirán ayudas que oscilarán entre los 1000 y los 1500 euros
Permanece aún abierto el plazo para que se inscriban en esta iniciativa concesionarios y puntos de venta que hasta ahora suman un total de 64
Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 15 de octubre
El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde,
mantuvo hoy en Santiago de Compostela una reunión con los representantes
de los concesionarios gallegos y de los puntos de venta de vehículos
para abordar el nuevo programa de ayudas para la compra de vehículos que
ya fue consensuado con el sector. Conde les comunicó que, respondiendo
su demanda, el plazo de solicitud de las ayudas se adelanta a 24 de
julio y recordó que aún permanece abierto el plazo para que se
inscriban los concesionarios y puntos de venta. Hasta ahora, un total de
64 concesionarios se adhirieron al programa autonómico.
Las ayudas, dirigidas principalmente la particulares, pero también a autónomos y empresas, pueden solicitarse hasta el próximo 15 de octubre, aunque la resolución será por orden de llegada de las peticiones. Los beneficiarios recibirán entre 1000 y 1500 euros siendo el requisito principal contar con un coche de más de 10 años de antigüedad con la ITV en vigor y que el solicitante haya sido titular del coche durante por lo menos un año. El vehículo que se adquiera no puede superar un precio de 40.000 euros y debe contar con un límite de emisiones en el caso de turismos de hasta 120 gramos CO2/kilómetro. Para las furgonetas, las emisiones no podrán superar los 137 gramos CO2/kilómetro.
Conde destacó que el objetivo de esta iniciativa es contribuir a la renovación del parque móvil gallego apostando por modelos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente y que dispongan de las últimas novedades en materia de innovación y seguridad. Asimismo, indicó que la actuación va encaminada a apoyar a la industria gallega de la automoción ante “las incertidumbres” que en el sector energético está generando el Estado, que provocan dudas a los consumidores.
En este sentido, el conselleiro incidió en que las tecnologías del diésel y de gasolina son eficientes y pueden seguir apoyándose en un proceso de transición energética que, en sus palabras, tiene que ser “progresivo, justo, ordenado y con sentido común”. Así, señaló que la finalidad de este programa de ayudas es favorecer y facilitar la renovación de los vehículos en Galicia trasladándole a los consumidores la confianza necesaria y apoyar al sector de la automoción que genera en la Comunidad gallega más de 20.000 puestos de trabajo.
El titular de Economía apuntó que la Xunta escuchó las demandas del tejido empresarial y buscó soluciones consensuadas con el sector. Así, señaló que estas ayudas cumplen un cuádruplo objetivo: empresarial, ya que la previsión es que se puedan renovar 2000 turismos y furgonetas, movilizando 40 millones de euros; laboral porque se generarán 320 empleos directos; medioambiental al reducirse en 1600 toneladas las emisiones de CO2 al año, el equivalente a la acción de 80.000 árboles; y económico al permitir importantes ahorros a los gallegos y gallegas, sobre 727.000 euros anuales.
La Xunta invierte en este programa 1,1 millón de euros de los que 800.000 euros se dirigen la particulares y los 300.000 restantes a empresas y autónomos.
Las ayudas, dirigidas principalmente la particulares, pero también a autónomos y empresas, pueden solicitarse hasta el próximo 15 de octubre, aunque la resolución será por orden de llegada de las peticiones. Los beneficiarios recibirán entre 1000 y 1500 euros siendo el requisito principal contar con un coche de más de 10 años de antigüedad con la ITV en vigor y que el solicitante haya sido titular del coche durante por lo menos un año. El vehículo que se adquiera no puede superar un precio de 40.000 euros y debe contar con un límite de emisiones en el caso de turismos de hasta 120 gramos CO2/kilómetro. Para las furgonetas, las emisiones no podrán superar los 137 gramos CO2/kilómetro.
Conde destacó que el objetivo de esta iniciativa es contribuir a la renovación del parque móvil gallego apostando por modelos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente y que dispongan de las últimas novedades en materia de innovación y seguridad. Asimismo, indicó que la actuación va encaminada a apoyar a la industria gallega de la automoción ante “las incertidumbres” que en el sector energético está generando el Estado, que provocan dudas a los consumidores.
En este sentido, el conselleiro incidió en que las tecnologías del diésel y de gasolina son eficientes y pueden seguir apoyándose en un proceso de transición energética que, en sus palabras, tiene que ser “progresivo, justo, ordenado y con sentido común”. Así, señaló que la finalidad de este programa de ayudas es favorecer y facilitar la renovación de los vehículos en Galicia trasladándole a los consumidores la confianza necesaria y apoyar al sector de la automoción que genera en la Comunidad gallega más de 20.000 puestos de trabajo.
El titular de Economía apuntó que la Xunta escuchó las demandas del tejido empresarial y buscó soluciones consensuadas con el sector. Así, señaló que estas ayudas cumplen un cuádruplo objetivo: empresarial, ya que la previsión es que se puedan renovar 2000 turismos y furgonetas, movilizando 40 millones de euros; laboral porque se generarán 320 empleos directos; medioambiental al reducirse en 1600 toneladas las emisiones de CO2 al año, el equivalente a la acción de 80.000 árboles; y económico al permitir importantes ahorros a los gallegos y gallegas, sobre 727.000 euros anuales.
La Xunta invierte en este programa 1,1 millón de euros de los que 800.000 euros se dirigen la particulares y los 300.000 restantes a empresas y autónomos.
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