Varios - Galicia

Los fallecidos por coronavirus se elevan a 442 en Galicia, en un sábado con descenso de muertes

Los muertos por coronavirus ascienden a 442 en Galicia (346 en hospitales y 96 en residencias), tras los tres fallecidos en las últimas horas, según datos de la Consellería de Sanidade de este sábado.

Estos tres fallecidos son: un hombre de 89 años ingresado en el Hospital Montecelo; así como un varón de 85 años y una mujer de 73 años -en este caso sin patologías previas-, ambos en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (Chuo).

Los 13 muertos notificados este sábado son menos que los 14 del viernes, así como la misma cifra que el jueves (13). También están por debajo del martes (14), pero aumenta respecto al lunes (9).

Este sábado, se han comunicado 13 víctimas mortales -12 en hospitales y una en residencias-. Los otros nueve fallecidos en hospitales son: Una mujer de 89 años ingresada en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS); un hombre de 65 años y una mujer de 78, en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO); una mujer de 67 años en Povisa; un varón de 95 años y otro de 86, así como dos mujeres de 84 y 85, que estaba los cuatro en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac); y una mujer de 90 años en el Hospital de Verín -sin patologías previas-.

Tras la actualización de datos, el número de muertes registradas en hospitales se eleva a 346: 103 en el área sanitaria de A Coruña, 68 en el área de Vigo, 67 en el área sanitaria de Ourense, 51 muertes en el área sanitaria de Santiago, 21 en el área de Ferrol, 22 en el área de Lugo y 14 en el área sanitaria de Pontevedra.

FALLECIDOS EN RESIDENCIAS

Por su parte, este sábado se ha comunicado un fallecido en el centro de mayores Santa Teresa de Jornet, en A Coruña. Esta víctima mortal se produjo el viernes, ya que los datos de residencias se notifican el día siguiente, después de que en la jornada anterior no se produjese ningún muerto en geriátricos en Galicia.

Desde que empezó la pandemia, van 96 fallecidos por coronavirus computados en residencias en Galicia. Así, han muerto 20 mayores dentro del centro DomusVi de San Lázaro, 18 en el DomusVi de Cangas, otros 18 en la residencia Nuestra Señora de la Esperanza, 10 en la DomusVi del barrio vigués de Barreiro, y tres en la residencia Moledo (Vigo).

También se han producido 7 en El Portazgo (A Coruña), uno en el Fogar Bellolar, otro en la residencia de Castro Caldelas, 3 en Remanso Claudina-Somoza (A Coruña), 3 en la DomusVi Matogrande (A Coruña), uno en la Santa Teresa de Jornet (A Coruña), uno en la Caser A Zapateira (Culleredo), uno en San Carlos de Celanova, dos en la residencia Divino Maestro (Ourense), dos en la residencia San Pedro de Crecente, dos en As Fragas de Pontedeume, uno en la residencia de Bande, uno en la de Foz y otro en Nuestra Señora de Fátima (Barco de Valdeorras).

Más de 60 operarios retoman este lunes la actividad en los astilleros de Navantia

 

Algo más de 60 operarios retoman la actividad los dos astilleros que la empresa naval pública Navantia tiene en la ría de Ferrol a partir de este lunes, 20 de abril. La mayoría de los que vuelven son auxiliares, tras haber llegado a un acuerdo la dirección de la compañía y los representantes de los trabajadores.

Esta medida ha sido posible tras la materialización de un protocolo que ha sido consensuado entre ambas partes y que recoge cómo y dónde se podrán realizar la labor tanto en la antigua Bazán como Astano, ya que son dos documentos diferentes y que abordan las obras en las que se podrá trabajar.

Así, en el caso del astillero de Ferrol, serán unos 60 trabajadores de compañías auxiliares eléctricas las que podrán acceder al tajo por turno, que se dedicarán a las obras de construcción de los dos buques del tipo AOR que se construyen para la Armada de Australia, y que pertenecen a las auxiliares Electrorayma, Pine y Norinver.

También acudirán a sus puestos de trabajo personal de otras compañías, como Gabadi y Kaefer, y de la propia Navantia, que se encargarán de comprobar el estado de los buques y sistemas, además de revisar andamios y vigilar el cumplimento de la distancia entre personas, que se ha especificado la zona de acceso y salida de ambos buques.

En paralelo, en la Fábrica de Turbinas se proseguirá con los trabajos encargados por una central nuclear. Unos diez operarios de Navantia y otros tres contratados por el propio cliente, retomarán estas labores; mientras que el turno de tarde será ocupado por siete personas para otra obra.

FENE

Por su parte, el astillero de Fene (A Coruña) está centrado en otras actuaciones que tienen que ver con la eólica marina con la empresa española Cobra y el proyecto Kincardine.

En este caso serán tres los operarios de Navantia los que se encargarán de asegurar la operatividad de la planta en horario de mañana y de tarde.

En este centro está previsto que todas las mañanas entren algo más de 50 operarios de Windar y unos trece de Nervión y Neosic, es decir algo más de 60 trabajadores, reduciéndose el número durante la tarde a unos 45.

PARTE SOCIAL

Desde el ámbito sindical, la Sección Sindical de CCOO en Navantia Ferrol, que es la mayoritaria, ha asegurado, a través de un comunicado que "podemos trasmitir tranquilidad a la clase trabajadora con el protocolo consensuado" al estimar que "supera todas las medidas preventivas sanitarias y define cómo y cuándo se va a aplicar a las plantillas".

Al mismo tiempo han incidido en que se trata de "un documento vivo, diariamente mejorable". También reseñan que estarán "vigilantes" y que exigirán "el cese de cualquier actividad en el momento que se detecte algún riesgo".

Por su parte, la CIG asegura que esta central era partidaria de "continuar solo con los trabajos esenciales, porque entendemos que se modifica por presiones empresariales que ponen por delante la cuestión económica ante la defensa de la salud de los trabajadores y de sus familias".

Pero ante la aprobación de regresar a la actividad por la mayoría de los representantes sindicales, la CIG ha destacado, también a través de un comunicado, que intentarán "que se cumplan todas las medidas acordadas porque sin ser infalibles ayudarán a no exponer a los trabajadores y a sus familias a posibles contagios".

El BNG exige a la Xunta desistir en los "recortes, precarización y déficit de personal" sanitario

La diputada del BNG, Montse Prado, exige a la Xunta desistir en el "error" de primar los intereses económicos frente a las "necesidades asistenciales" de la ciudadanía gallega que está afectada por los "recortes, la precarización y el déficit de personal sanitario".

La nacionalista critica que se "prescinda de personal mientras se mantiene la emergencia sanitaria" y recuerda que en el plazo de una semana la Xunta tuvo que rectificar dos decisiones que iban "contra los profesionales eventuales".

Además, recuerda que solo la "denuncia pública" provocó que el Gobierno gallego rectificase estas "decisiones insensatas e injustificadas" y que su proceder "evidencia falta de previsión e improvisación" en la gestión de la crisis, además de demostrar "una gran irresponsabilidad" por prescindir de personal "sin tener la seguridad de que se produzcan repuntes".

Por otra parte, Prado ha recordado que el personal sanitario "continúa sin material de protección suficiente y adecuado" para protegerse del coronavirus. "No se realizan test a todo el personal, se firman contratos por días y semanas y faltan protocolos claros en los servicios", ha añadido.

Ha asegurado que al personal del Sergas le han "suspendido sus derechos" de conciliación, días libres y vacaciones por la disposición "absoluta" de atender la pandemia. Por lo tanto "resulta necesario compensar el esfuerzo" a través de contrataciones para la Atención Primaria, ingresos, consultas hospitalarias o pruebas diagnósticas.

También ha apuntado a "minimizar la acumulación de las listas de espera para permitir el merecido descanso del personal, en la medida que la presión asistencia lo posibilite, para acabar con la enorme sobrecarga que llevan años padeciendo".

Cerca de 100 auxiliares de Policía Local refuerzan 36 ayuntamientos gallegos durante el estado de alarma

Cerca de 100 auxiliares de Policía Local refuerzan el servicio en 36 ayuntamiento gallegos durante el estado de alarma, a través de una bolsa de contratación que tiene el objetivo de cubrir "de forma urgente" las plazas que se necesitan.

Estos efectivos se suman a los que ya conformaban el cuerpo de seguridad y sobre ellos, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este sábado "la labor de los 2.000 agentes" que "están demostrando su profesionalidad y llevando a cabo tareas fundamentales".

Así lo ha destacado el número dos del Gobierno gallego en una reunión que ha mantenido este sábado con el presidente y el secretario de Axempol y los jefes e inspectores de Ferrol, Lugo, A Coruña y Pontevedra. En la misma, ha explicado que "hasta el momento 36 municipios solicitaron acceder a esta bolsa de contrataciones compuesta por 130 personas, lo que ha permitido cubrir cerca de 100 plazas".

Además, ha precisado que cinco de las localidades que pidieron hacer uso de esta lista no tienen centralizados sus procesos selectivos de policías locales y auxiliares en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasap), pero que aún así han podido acceder a ella. Se trata de los ayuntamientos de Ares, As Pontes, Arteixo, Baiona y Burela.

Por otra parte, el vicepresidente ha indicado que al margen de esta bolsa de contratación, los 134 alumnos de la doceava promoción de policías locales de Agasap fueron enviados a sus ayuntamientos de destino "para reforzar la atención durante el estado de alarma".

Así, los alumnos permanecerán en estos ayuntamientos hasta el fin del estado de alarma y hasta que se vuelva a iniciar la actividad lectiva. De echo la Academia suspendió las clases el pasado 13 de marzo y decidió adelantar la parte práctica de la formación.

Abanca amplía los supuestos de la moratoria financiera por la emergencia sanitaria

 Abanca ha ampliado los supuestos de la moratoria financiera para incrementar la protección de los clientes particulares ante las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, por lo que un número mayor de clientes podrán aplazar sin coste las cuotas del principal de sus productos financieros.

Esta moratoria permitirá el aplazamiento de las cuotas de capital hasta 12 meses en el caso de las hipotecas y hasta seis meses en el resto de casos. La entidad comenzará a recibir y tramitar las solicitudes de los particulares este próximo lunes 20 de abril y los beneficiarios de esta ampliación serán las personas físicas -incluidos autónomos- titulares de operaciones hipotecarias y personales.

No obstante, para acogerse a esta posibilidad, los clientes tendrán que haberse visto afectados económicamente por pasar a situación de desempleo, verse afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), enfrentarse a un cese o reducción de su actividad económicas u otras circunstancias equivalentes.

Estas solicitudes podrán presentarse a través de la web del banco o por correo electrónico dirigido a una oficina de la entidad. El plazo máximo para responder a estas será de 30 días.

Esta moratoria forma parte de la batería de actuaciones de Abanca en el marco de la emergencia sanitaria, al igual que la movilización de 8.300 millones a través del 'Plan Anticipar' y del anticipo de pensiones para 400.000 clientes.

Galicia en Común-Anova propone ayudas directas a estudiantes para el pago de pisos y residencias

El portavoz de la coalición Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, propone articular una línea de ayudas al pago de alquiler de pisos y residencias universitarias destinada a estudiantes cuyas familias no tienen recursos o "viesen mermados sus ingresos" al menos un 75 por ciento durante la crisis del coronavirus.

En una rueda de prensa 'online' ofrecida este sábado, Gómez-Reino ha presentado propuestas de la coalición en materia de vivienda, que debe ser "un derecho garantizado" especialmente en la situación actual de confinamiento.

Por ello, tras saludar medidas "históricas" como las adoptadas desde el Gobierno de España, ha instado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a que "ejerza sus competencias" en este sentido y "que no se esconda" tras la Televisión de Galicia (TVG) ni otras administraciones.

"El Gobierno gallego no se puede quedar de brazos cruzados y debe desarrollar, como hicieron tambien el Gobierno del Estado y los gobiernos de otras comunidades autónomas, medidas que eviten que los gallegos y gallegas pierdan su vivienda", ha manifestado el portavoz de Galicia en Común-Anova Mareas.

ALQUILER EN VIVIENDAS DEL IGVS

Entre las propuestas anunciadas, además de las ayudas a estudiantes, Gómez-Reino ha solicitado a Feijóo que "exonere" del pago del alquiler hasta el mes de junio a aquellas familias inquilinas de viviendas públicas del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Y es que, mientras "esta medida se aplicó en Euskadi", ha asegurado Galicia en Común, la Xunta aprobó una moratoria desde abril en los inmuebles de titularidad autonómica.

Además, Gómez-Reino ha propuesto extender el 'bono de alugueiro social' de la Xunta a la totalidad de los gastos de las viviendas, incluida la factura de la comunidad, para todas las personas que vieran disminuidos sus ingresos en un 75 por ciento.

También ha demandado al Gobierno gallego que aplique "con celeridad y con la máxima diligencia" el decreto del Plan Estatal de Vivienda 2018/2020 en el que se incluyen medidas para víctimas de violencia machista, afectados por deshaucios y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Para ellos, la coalición ha reclamado "soluciones habitacionales".

"El Ministerio hizo su trabajo y movilizó una ingente cantidad de recursos que deben desarrollar las Comunidades Autónomas", ha explicado Gómez-Reino.

Finalmente, el portavoz de Galicia en Común-Anova Mareas ha valorado que de la crisis del coronavirus "no se puede salir como se hizo de la del 2008", en la que "se empobreció aún más a los que menos tienen". "De esta no se puede dejar a nadie atrás", ha resumido.

Los casos en centros de atención a la discapacidad crecen un 23% este sábado

 Los centros de atención para personas con discapacidad han detectado 22 nuevos casos desde el viernes en Galicia, es decir, un incremento del 23,16% y ha elevado el número total a los 117.

La mayor parte de ellos (+16) han aparecido en el CAPD de A Coruña, mientras que los otros se han registrado en la residencia de Monterrei (+5) y en la de Patos de Nigrán (+1), las dos pertenecientes a la Fundación San Rosendo.

De esta manera, ya son 117 los casos activos entre personas con discapacidad en Galicia. La mayoría de ellos se encuentran en el CAPD de Redondela (36), también en Amicos de Boiro (19), DomusVi de Bóveda (16), CAPD de A Coruña (25), CAPD de Sarria (8), Residencia Monterrei (6) y en Aixiña de Ourense (3).

Después, hay un caso activo en cada una de las siguientes residencias: Souto de Leixa (Ferrol), Centro Imserso (Ferrol), Fudace (Castro de Rei) y reidencia de Patos (Nigrán).

Por otra parte, son 78 los trabajadores infectados en este tipo de instalaciones, la mayor parte de ellos también corresponden a los mismos centros en los que se concentran gran parte de los usuarios infectados.

El Gobierno sella con empresas el acuerdo de transición justa en As Pontes y Meirama ante el cierre de las térmicas

El Gobierno ha sellado con Endesa, Naturgy e Iberdrola los acuerdos de transición justa en el Ayuntamiento de As Pontes y en Meirama, en el municipio de Cerceda (A Coruña), para el mantenimiento del empleo ante el cierre de las centrales térmicas de carbón.

Así, las empresas realizarán nuevas inversiones y diseñarán un plan de acompañamiento para tener nuevas oportunidades de negocio vinculadas a las energías renovables y otras líneas. De tal modo, se recolocarán los puestos directos y se priorizará la contratación de los trabajadores de empresas auxiliares.

Mientras, el Gobierno central, a través de los Ministerios para la Transición Ecológica y de Trabajo, prepara formación y planes de inserción para las zonas afectadas.

El acuerdo ha sido firmado por las ministras de Transición Ecológica y Trabajo, Teresa Ribera y Yolanda Díaz, las empresas Endesa, Naturgy e Iberdrola y los titulares de las secretarías generales de CCOO Industria y UGT FICA. El documento recoge los compromisos de cada una de las partes para apoyar a los trabajadores y los territorios de las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas.

De ello ha informado en un comunicado el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, quien subraya que el Ejecutivo apoyará el mantenimiento de los puestos de trabajo tras arrancar el compromiso de las compañías para continuar la actividad industrial con una transición energética justa.

"NUEVAS INVERSIONES"

Losada remarca que este programa traerá "nuevas inversiones", "se siga manteniendo el empleo" y se tenga posibilidad de "futuro" a través de "una transición justa".

De tal forma, apuesta por la "búsqueda colectiva de soluciones" para conseguir la conversión de las centrales de As Pontes y Meirama, de manera que consigan mantener la actividad industrial, generar riqueza y, a la vez, maximizar el cuidado medioambiental y lograr una descarbonización justa.

El Ejecutivo se compromete a trabajar en la búsqueda proactiva de inversores con proyectos que puedan localizarse en las zonas afectadas, con base en las características y las particularidades de Galicia.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Según lo acordado por las partes, se creará una comisión de seguimiento que velará por el cumplimiento del acuerdo y que estará conformada por un número idéntico de representantes del Estado, las empresas y las organizaciones sindicales.

Este órgano se reunirá cada seis meses de modo ordinario para conocer los detalles relacionados con la marcha del acuerdo, y de manera extraordinaria siempre que lo solicite una de las partes.

Residencias antes del coronavirus: falta de personal, sobreocupación y 33 expedientes sancionadores en tres años y medio

Falta de personal y condenas por vulnerar derechos laborales, sobreocupación, alguna sentencia más puntual por negligencias y un total de 33 expedientes sancionadores de la Xunta en lo que va de esta Legislatura, que echó a andar en octubre de 2016. Son puntos que dibujan el mapa de carencias que ya había en las residencias gallegas antes de que la crisis sanitaria del coronavirus las situase en el foco.

Así lo ratifican fuentes jurídicas, sindicales y de la Administración gallega consultadas por Europa Press. Todas coinciden en que no se pueden convertir los "fallos" detectados en una causa general contra un sector que, por su parte, defiende su labor y pide tener en cuenta el carácter "sanitario" de la crisis del COVID-19, así como su especial incidencia letal en los mayores, antes de caer en juicios errados.

Premisa que comparte el subdirector de Inspección de Servicios Sociais en la Xunta, Fernando González, quien incide en que "las residencias no son hospitales". "Es algo que conviene recordar ahora con esta crisis, tienen sus instalaciones y personal con características propias de lo que son, centros para que los mayores puedan vivir", ha subrayado, en declaraciones a Europa Press.

El hecho es que, al igual que en el resto de España, en Galicia las residencias, con centenares de contagios y un alto número de fallecidos, siguen siendo uno de los principales focos de preocupación del COVID-19. A día de hoy la Xunta se ha puesto al mando de cinco de ellas: la residencia Porta do Camiño (Santiago), la de Fundación San Rosendo en Baños de Molgas (Ourense), la DomusVi Cangas, la DomusVi Barreiro y Nuestra Señora de Fátima (O Barco de Valdeorras).

Las dos primeras han sido habilitadas para recibir a usuarios de estos centros que padezcan la enfermedad y las otras tres, intervenidas.

33 EXPEDIENTES SANCIONADORES Y DOS CIERRES

Pero más allá de la incidencia y letalidad del virus en los mayores, según datos facilitados por la Consellería de Política Social, las residencias acumularon en Galicia un total de 33 expedientes sancionadores en los últimos tres años y medio.

En dos casos finalizaron con cierres de centros, el último de ellos este mismo mes, cuando se decretó la clausura cautelar de las viviendas comunitarias Burón I y II, en A Fonsagrada (Lugo), tras constatar las malas condiciones de los ancianos que residían en ellas. Antes, en 2017, la Xunta ordenó también el cierre de la Residencia Valle Inclán, en Vilanova de Arousa (Pontevedra).

En su último informe presentado (que corresponde a 2018) y consultado por Europa Press, el Valedor do Pobo hace referencia al cierre de la Valle Inclán y constata que hubo "diferentes quejas, unas relacionadas con la situación de los residentes" y otras por cuestiones laborales. Pero lo que llevó a ordenar la clausura fue "la falta de licencia para el ejercicio de la actividad".

PERSONAL, SOBREOCUPACIÓN Y ALGUNA NEGLIGENCIA

Entre las causas de los expedientes sancionadores, el subdirector de Inspección apunta al incumplimiento de la ratio de personal que trabaja en el centro, a la "falta de mantenimiento" de instalaciones o a situaciones "de sobreocupación".

Uno de los casos de "sobreocupación" que trascendió y por el que se abrió expediente es el de una residencia de Pazos de Borbén (Pontevedra) en 2017. La CIG, según publicaron varios medios, llegó a afirmar que el centro "escondió en un galpón" a varios ancianos, aunque la dirección negó este extremo de forma tajante.

Al margen de casos concretos, las incidencias que plantea Fernando González coinciden con las detectadas por el Consello de Contas en un informe específico sobre geriátricos gallegos que realizó en 2017 (e incorpora datos de 2015 y 2016) y que remarca las carencias de personal.

Fuentes sindicales consultadas por Europa Press ratifican esta problemática y también aluden a las condiciones laborales, con varias sentencias favorables sobre la mesa. De especial relevancia, apuntan desde CC.OO., es la inclusión del plus de asistencia en la retribución del mes de vacaciones, ratificada en su día por el Tribunal Supremo.

Al margen de los problemas de personal, Contas también avisa del "uso inadecuado de las instalaciones" y de la "falta de rigor de los registros", entre otras carencias. Y da un dato: en 2015 el plazo medio de trámite del procedimiento para el reconocimiento del derecho a una plaza residencial en Galicia fue de 453 días, "muy por encima" de los seis meses que determinaba la ley vigente.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press avalan el peso de las sentencias de personal, pero también hay sentencias puntuales por negligencia o trato inadecuado a usuarios que, recuerdan, tiene responsabilidad penal para el trabajador y civil para el centro.

EL SECTOR REIVINDICA SU LABOR

Las distintas fuentes consultadas confirman que se detectan más deficiencias en el sector privado gallego, pero también el número de plazas es mucho mayor (de las 22.000 que hay, solo unas 4.000 son públicas). Aunque no faltan voces -la oposición suele ser un altavoz habitual- que alertan de este tipo de gestión.

Y es que los fondos de inversión se han fijado en el volumen de negocio de los geriátricos y se han lanzado a comprar. Ocurrió con la gallega Geriatros, ahora DomusVi, con varios centros entre los más afectados por la crisis del coronavirus. Voces del sector privado, en cambio, defienden la gestión "profesional", la "transparencia" con las familias -pese a las quejas que ha habido, precisamente, en la pandemia- y avisan de que "las excepciones no son la norma".

Pero también reconocen que había problemas antes del COVID-19 y creen que la crisis del coronavirus, más que para "criminalizar" la gestión de las residencias, debería favorecer mejoras en el modelo. Entre las voces más significativas en Galicia en el ámbito representativo del sector privado están la Asociación Gallega de Residencias Privadas de la Tercera Edad (Agarte) y Acolle, que aglutina a los centros de iniciativa social.

En distintas entrevistas, el presidente de Agarte, José Manuel Pazos, ha defendido públicamente la problemática de la falta de plazas, por ejemplo. Un estudio del estatal Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), al que está ligado la patronal gallega de residencias, incide también en el incumplimiento de la ley de dependencia por comunidades (en Galicia recalca que la incidencia es mayor).

Pazos también ha alertado en diversas publicaciones del sector de la falta de "implicación" del sistema sanitario, cuando hay un cambio en el perfil de usuarios de los geriátricos: en los años 90 se podían demandar más servicios similares a los de un hotel, pero ahora los mayores tienen más edad y un grado de dependencia también más elevado. La cualificación del personal y las dificultades para retenerlo son otros hándicaps que desde el sector se han puesto encima de la mesa.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria técnica de Acolle, Lorena Martínez, tiene una visión similar e incide en que el personal más cualificado también exige un mayor coste. Y las plazas de sus centros, recuerda, tienen "un precio bastante asequible", ya que son entidades "sin ánimo de lucro", por lo que el margen es limitado.

También apela a una mayor coordinación sociosanitaria y remarca su satisfacción con la actuación de la Administración. "Tarden un poco más o algo menos, siempre que les planteamos un problema, nos ayudan", asegura, al tiempo que incide en lo que cuesta hacer centros públicos, comprensiva con el ritmo lento con el que se intenta paliar la falta de plazas. Ejemplo de ello son las siete nuevas residencias para las principales urbes gallegas anunciadas años atrás y que aún no funcionan.

El ejército se despliega esta sábado por varios municipios de Pontevedra y desinfecta hospitales

El Ejército de Tierra, en el ámbito de la Operación Balmis durante el estado de alarma contra el coronavirus, despliega unidades de la Brilat este sábado en los municipios gallegos de Cangas, Nigrán, Gondomar, Vilaboa y Redondela con el fin de realizar misiones de presencia y reconocimiento.

Además, el ejército realizará labores de apoyo a la Guardia Civil en el control fronterizo tanto en la provincia de Pontevedra como en la de Ourense con patrullas móviles.

Junto a esto, llevará a cabo tareas de desinfección con los equipos de descontaminación Nuclear, Bacteriológico, Químico (NBQ)) tanto en el Hospital Provincial de Pontevedra, como en el Hospital do Sálnes de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Los grupos se emplazan a negociar las nuevas funciones de la Diputación Permanente tras el aval jurídico

Los grupos con presencia en el Parlamento de Galicia -PPdeG, PSdeG, Común da Esquerda, BNG y grupo mixto (integrado exclusivamente por miembros de En Marea)- han valorado el informe de los servicios jurídicos de la Cámara para reforzar el papel de la Diputación Permanente hasta la celebración de nuevas elecciones, todavía pendientes de fijar nueva fecha tras el aplazamiento acordado por consenso ante la crisis del coronavirus.

Los grupos han saludado el informe de los letrados -que avala que la Diputación Permanente pueda ejercer ya tareas de control sobre el Ejecutivo gallego y que los grupos tramiten iniciativas de impulso (como son las proposiciones no de ley y las mociones)- y se muestran dispuestos a negociar las condiciones para reactivar la actividad en la Cámara, disuelta desde el 11 de febrero.

Todos coinciden en que la situación anómala que ha provocado el aplazamiento de las elecciones (que ha dejado un gobierno con plenas atribuciones y un legislativo en funciones) debe resolverse dotando de mayor capacidad a la Diputación Permanente hasta las nuevas elecciones, si bien esta puesta en marcha deberá acordarse entre las distintas fuerzas, como indican los letrados de la Cámara en su informe.

Así, los grupos de la oposición se muestran partidarios de que la Diputación Permanente tenga un funcionamiento similar al que tenían los plenos ordinarias y que, de este modo, el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, comparezca habitualmente ante la cámara.

PPDEG: SITUACIÓN "ANORMAL"

Fuentes del PPdeG consultadas por Europa Press han manifestado la disposición del grupo mayoritario y sustento del Gobierno autonómico para negociar con las fuerzas de la oposición el funcionamiento de dicho órgano ante esta situación "tan anormal".

Así, tras mostrar su respeto por el informe de los servicios jurídicos que apelan a "estudiar más detalladamente", los populares recuerdan que la Diputación Permanente ya ha celebrado tres sesiones desde la disolución de la Cámara, dos de ellas tras la declaración del estado de alarma, con comparecencias del presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, su número dos, Alfonso Rueda, y la titular de Política Social, Fabiola García.

PSDEG: COMPARECENCIAS DE FEIJÓO

En un comunicado, el líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, ha destacado que el informe refleja "con meridiana claridad" que el contexto extraordinario actual permite que la Diputación Permanente goce de una ampliación de sus funciones para "el efectivo control e impulso de la actividad" del Gobierno.

"Es muy necesario que los grupos puedan presentar iniciativas de acuerdo a su representatividad para así conseguir la mejor respuesta posible ante la crisis sanitaria y social que vivimos", ha incidido Caballero, que considera que Feijóo debe acudir "regularmente" a la Cámara para responder a las preguntas de la oposición porque así lo estipula el reglamento de la Cámara para los períodos ordinarios.

COMÚN: "TENDRÍA QUE ESTAR FUNCIONANDO"

Por su parte, Grupo Común da Esquerda cree que la Diputación Permanente "tendría que estar ya funcionando para ejercer la labor de control al Gobierno" pues ese fue uno de los puntos consensuados entre las fuerzas políticas para suspender las elecciones autonómicas, por lo que subrayan que "cuanto antes" eche a andar y se fije una periodicidad para su convocatoria, "mejor".

Fuentes del grupo consultadas por Europa Press han incidido en que, en la actualidad, "la mitad de la ciudadanía gallega no tiene canales para controlar al gobierno", por lo que "no es de recibo que se deje pasar tanto tiempo" mientras "Feijóo comparece casi a diario en la TVG".

BNG: NEGOCIAR "YA"

Para la líder del BNG, Ana Pontón, es "una cuestión de sentido común" que la Diputación Permanente se refuerce porque "en una democracia no puede haber un ejecutivo sin control del parlamento", además de que, ante una crisis como la actual, "se necesita" que "todas las instituciones democráticas puedan funcionar a pleno rendimiento".

"Lástima que perdiéramos tanto tiempo", ha expresado Pontón, que llama a los grupos a reunirse "cuanto antes" para acordar el nuevo funcionamiento de la Diputación Permanente, que para el BNG debe ser "análogo" al de los plenos ordinarios del Parlamento.

EN MAREA: "VETO" DEL PP

Por último, En Marea, formación que integra el grupo mixto, también ha saludado que se retome la actividad pero lamenta "el veto que el PP tendrá sobre las funciones de control e impulso de la acción de la Xunta sobre el coronavirus".

En un comunicado, el partido cree que "restringir" estas funciones "a la unanimidad" de los grupos "dejará en la práctica en papel mojado" estas acciones porque "las reducirá a lo que de forma partidista e interesada beneficie al PP".

La Xunta distribuye otros 1.750 equipos y conexión a Internet entre familias con menos recursos

La Xunta, a través de la Consellería de Educación y la Axencia Galega para a Modernización Tecnolóxica (Amtega) distribuirá un nuevo lote de 1.750 ordenadores y conexión a Internet entre las familias con menos recursos que tienen escolarizados a sus hijos en centros públicos.

De ello ha informado este viernes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha detallado que con este nuevo envío -que se añade a los 1.000 kits informáticos ya repartidos por los centros escolares en los días pasados- se eleva a 2.750 el número total de equipos para asegurar la conectividad del alumnado que presenta mayores dificultades en el acceso a la educación 'online'.

La Administración autonómica ha señalado que la medida se dirige al alumnado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional que, a través de sus centros educativos, recibirá los equipos en préstamo.

En concreto, se trata de un pack formado por un ordenador ultraportátil idéntico a los empleados por los estudiantes en el proyecto de Educación Dixital E-Dixgal, así como un kit que permite su conexión gratuita a la red (gracias a la colaboración de los operadores Orange, Vodafone y R; y del Ministerio de Educación con Telefónica) mediante un router wifi 4G junto con la correspondiente línea de datos 4G.

Esta segunda entrega se distribuirá a lo largo de la próxima semana entre aquellos centros que, en atención a las necesidades detectadas, solicitaron expresamente un número de packs superior a los tres que inicialmente le habían sido asignados en el primer envío.

En esta ocasión, la Xunta ha detallado que se hará hincapié en los centros que imparten Bachillerato, a los que se dotará según el número de alumnos matriculados en esta etapa. Además, en los criterios generales de reparto, a mayores de la situación socieconómica de las familias y de la no disposición de ordenadores ni de conexión a Internet, tendrán prioridad los alumnos de los cursos de final de etapa que titulen (cuarto de ESO, segundo de Bachillerato y segundo de FP).

COMEDOR ADAPTADO

Por otra parte, la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional renovará los convenios de colaboración con 14 entidades dedicadas a la atención de alumnos con discapacidad con el objetivo de contribuir a la financiación de la prestación del servicio de comedor adaptado durante el curso 2020/2021. La inversión total ascenderá a 203.555,46 euros y de esta actuación se beneficiarán 478 alumnos.

Las entidades con las que se renueva la colaboración, según lo aprobado este viernes por el Consello, son la Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual (Aceesca), Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Psíquica das Comarcas do Barbanza e Noia (Amicos), Asociación A Esperanza do Val Miñor, Asociación de Atención a la Parálisis Cerebral y Afines (Amencer-Aspace), Asociación Autismo Ourense, Asociación Nuestra Señora de Chamorro, Asociación San Xerome Emiliani.

Así como, la Asociación de Pais de Discapacitados Psíquicos de Bergantiños (Aspaber), Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral-A Coruña (Aspace), Asociación de Pais de Persoas con Trastornos do Espectro Autista da Provincia da Coruña (Aspanaes), Asociación en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de la Provincia de Pontevedra (Aspanaex), Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia (Aspronaga), Fundación Menela y la entidad Hogar y Clínica San Rafael de Vigo.

CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PROTECTORAS

Por otra parte, la Xunta contratará el suministro inmediato de alimentos a todas las asociaciones de protección y defensa de los animales debidamente registradas que gestionen en estos momentos algún centro autorizado para la recogida de animales abandonados.

El Ejecutivo autonómico ha explicado que se trata de 15 entidades protectoras que se ocupan a su vez de otras tantas instalaciones de acogida y para las que la actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19 supone un importante contratiempo desde el punto de vista económico.

El procedimiento de contratación, que se tramitará con carácter de emergencia, incluirá la adquisición del alimento necesario para cubrir las necesidades de cada caso, así como la logística necesaria para realizar su entrega en cada uno de los centros identificados. El importe estimado es de 18.145 euros.

Casi 13.400 denuncias y 128 detenidos por incumplir el confinamiento desde el 15 de marzo

Las fuerzas del orden han formulado 13.381 denuncias y realizado 128 detenciones en Galicia por incumplir el confinamiento desde la madrugada del 15 de marzo, jornada en la que entró en vigor la declaración del estado de alarma para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Según datos de la Delegación del Gobierno en Galicia consultados por Europa Press, Pontevedra es la provincia con más denuncias formuladas por Guardia Civil y Policía Nacional con 5.140, aunque el mayor número de detenciones se han producido en Lugo, con 45.

En A Coruña se han producido 2.669 denuncias y 42 detenciones a lo largo del último mes, mientras que en Ourense se registraron 2.000 denuncias y 22 detenciones. En Lugo, las denuncias se elevan hasta las 3.572 y Pontevedra es la provincia con menos arrestos, 19.

Del día 4 de abril hasta el pasado jueves, la Policía Nacional formuló 3.865 denuncias en todo el territorio gallego y detuvo a 56 personas, según las cifras de la Delegación del Gobierno. De ellas, 322 denuncias se produjeron en Ourense, donde dos personas fueron arrestadas por vulnerar el confinamiento.

En esos días, que coincidieron con las vacaciones de Semana Santa, los paseos por pistas forestales, sacar el perro a dos kilómetros de distancia del domicilio o acudir al supermercado del pueblo de al lado fueron algunos de las faltas registradas por agentes de la Guardia Civil y de las Policías Locales.

Así por ejemplo, se detectaron alrededor de 350 incumplimientos del estado de alarma solo en la provincia de A Coruña, a los que hay que sumar las faltas del ámbito de Tráfico.

La Xunta continuará la tramitación "del 100%" de contratos y de suministros que estaban en ejecución

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado, tras la reunión semanal de su Ejecutivo, que la Xunta seguirá con la tramitación "del 100%" de los contratos de servicio y de suministros que estaban en ejecución.

"Hablamos de 1.100 contratos que continúan, por un importe de 413 millones de euros", ha precisado el mandatario autonómico.

En concreto, seguirán un total de 675 procedimientos que estaban ya en ejecución antes de la declaración del estado de alarma. "Y tomamos la decisión de seguir licitando y adjudicando 434 contratos nuevos, lo que totaliza los 1.100", ha apostillado.

Entre otras cuestiones, los contratos se refieren a suministros de vehículos de la Xunta, de material para servicios de emergencias, de mobiliario para los centros escolares, de material de extinción de incendios y de mantenimiento de edificios.

Feijóo también ha recordado que la semana pasada se "activaron" los contratos de obra, en concreto de 508 obras financiadas por la Xunta por un valor de 300 millones de euros.